Falta sensibilidad en México para comprender qué es ser migrante indígena: antropóloga del CIAD
El Bitachi/Hermosillo.- La exclusión en la que viven los migrantes indígenas en México, evidencian que las políticas públicas están diseñadas desde una óptica paternalista, incluso coercitiva, por lo que carecen de sensibilidad para comprender qué es “ser un migrante indígena”, por ello es necesario articular y optimizar los programas ya existentes.
Así lo manifestó la Mtra. Gilda Salazar Antúnez, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), al referirse a que poco se hace en nuestro país por los “Derechos humanos en la población migrante”.
La maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales, habló del estudio que realizó sobre la situación que viven en Sonora, los jornaleros agrícolas de Guerrero, Veracruz y Oaxaca (los triquis, zapotecos y mixtecos), en los poblados de Miguel Alemán y Estación Pesqueira en Hermosillo, en donde queda de manifiesto que sus condiciones de vida han mejorado, pero con un alto costo de violaciones a sus derechos laborales.
Conforme a las entrevistas que realizó la investigadora, los jornaleros trabajan en días festivos, no tienen permiso para faltar por enfermedad o carecen de días de descanso obligatorio, no tienen prestaciones sociales y son considerados trabajadores eventuales, aún cuando están de planta y laboran bajo el esquema de “día pagado, día trabajado”.
La Mtra. Salazar mencionó que a pesar de que el acceso de los jornaleros migrantes al servicio de salud se incrementa, en comparación con sus comunidades de origen, mantienen su vulnerabilidad a la pobreza extrema y deterioro de la calidad de vida, en virtud de su exposición permanente al polvo, frío, humedad y ruido, y a la ausencia de privacidad en sus viviendas, así como al desarrollo de sus actividades en una constante exposición indirecta a pesticidas, provocándoles dermatitis, irritación e infección de ojos severa, náusea y diarrea.
La investigadora del CIAD refirió que en Sonora sólo a través de los foros académicos se ha denunciado esta situación, recomendando que es necesario inducir prácticas sustentables, más que realizar grandes obras; articular y optimizar los programas ya establecidos con líneas programáticas comunes; profesionalizar al personal de las instituciones involucradas en su implementación y emprender normatividades, tanto de autoridades como de empresarios en el terreno de los derechos sociales de la población trabajadora migrante.
La maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios, refirió que de acuerdo con un estudio que realizó sobre la situación de los jornaleros agrícolas de Guerrero, Veracruz, y los triquis, zapotecos y mixtecos de Oaxaca, en los poblados de Miguel Alemán y Estación Pesqueira de Hermosillo, Sonora, sus condiciones de vida han mejorado, pero con un alto costo de violaciones a sus derechos laborales.
Conforme a las entrevistas que realizó la investigadora, los jornaleros trabajan en días festivos, no tienen permiso para faltar por enfermedad o días de descanso obligatorio, carecen de regulaciones en la prestación social, son considerados trabajadores eventuales, aún cuando están de planta y laboran bajo el esquema de “día pagado, día trabajado”.
La Mtra. Salazar mencionó que a pesar de que su acceso al servicio de salud al trabajar en los campos Agrícolas de Hermosillo ,se incrementa en comparación con sus comunidades de origen, mantienen su vulnerabilidad a la pobreza extrema y deterioro de la calidad de vida, en virtud de su exposición permanente al polvo, frío, humedad y ruido, y a la ausencia de privacidad en sus viviendas, así como al desarrollo de sus actividades en una constante exposición indirecta a pesticidas, provocándoles dermatitis, irritación e infección de ojos severa, náusea y diarrea.
La investigadora del CIAD refirió que en Sonora sólo a través de los foros académicos se ha denunciado esta situación, por lo que es necesario inducir prácticas sustentables, más que realizar grandes obras; articular y optimizar los programas ya establecidos con líneas programáticas comunes; profesionalizar al personal de las instituciones involucradas en su implementación y emprender normatividades, tanto de autoridades como de empresarios en el terreno de los derechos sociales de la población trabajadora migrante.
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