Explicó el
legislador que el objeto fundamental es prevenir la comisión de este delito,
sancionando adecuadamente para mantener el equilibrio y la tranquilidad social
y evitar que las extorsiones alcancen índices tan elevados como ocurre en otros
estados.
“Estamos a tiempo de
blindar nuestro Estado de estas prácticas tan lamentables. Debemos hacer frente
común para que este tipo de hechos delictuosos no se presenten con mayor
frecuencia en nuestra sociedad”, indicó.
El coordinador de la
Fracción Parlamentaria del PRI expresó que la medida permite darle la confianza
y certidumbre jurídica a los sonorenses para combatir el delito de extorsión
proponiendo penalizarlo con una sanción ejemplar con penas mínima de 30 años y
máxima de 60 años.
Moreno Terán subrayó
que se tiene el antecedente que el delito de extorsión ha lastimado de manera
significativa la actividad comercial en diversas zonas del País, como son
Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Michoacán,
Sinaloa, Durango y Guerrero.
“Sonora aun no
aparece en la lista y no debemos permitir que aparezca. Estamos a tiempo de
blindar nuestro Estado de estas prácticas tan lamentables”, sentenció Moreno
Terán.
Dio a conocer que la
extorsión uno de los delitos que menos se denuncia por temor a represalias de
los grupos criminales.
Los supuestos
contemplados en esta propuesta son cuando intervengan dos o más personas
armadas o portando instrumentos peligrosos y cuando se emplee violencia física,
así comoo cuando la extorsión ocurra contra un menor de edad, de una mujer
embarazada, de una persona mayor de 60 años o de alguien que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho.
Moreno Terán
puntualizó que la iniciativa contempla también elevar los años de prisión para
quien sea o haya sido o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución
policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución
de delitos, administración de justicia o reinserción social.
Así como contra
quienes porten vestimenta o instrumentos de identificación de los utilizados
por instituciones de Seguridad Pública, también cuando el extorsionador tenga
alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la
víctima o familiares.
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