viernes, 26 de agosto de 2011

Declaración de Puebla de Cumple Hemisférica de la SIP

* Se proponen penas más severas para funcionarios que ataquen libertad de expresión e incluir la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor

El Bitachi/ Puebla.- Al tiempo de proponer la formación de una red interuniversitaria para compartir información y promover campañas en contra de la impunidad, la Declaración Puebla de la Cumbre Hemisférica Universitaria convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acordó plantear a los países de la región leyes para que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban, que si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas y que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.

Asimismo se instó a formular que las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.

Otro de los temas fundamentales es el de tratar que los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.

Los anteriores son algunos de los principales focos de los trabajos de 22 universidades de 13 países del continente, que acudieron a esta ciudad para buscar Políticas Públicas contra la impunidad contra los medios de comunicación y los periodistas.

En la reunión, copatrocinada por la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), el diario Síntesis y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se destacaron otros puntos relevantes como incluir la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y se atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.

Se propone también a los Estados que en la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista, las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo. También, se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.

En el caso de los medios de comunicación, se les sugiere elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro para garantizar, de esa forma, que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.

Sin duda de importancia capital es que se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas, sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación. Asimismo, que los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.

De manera puntual se anotó que debe promoverse la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.

En el ámbito universitario, además de la creación de redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico, a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior, se planteó la elaboración de un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico, con la participación de academias de periodismo.

No se dejó de lado un reclamo de periodistas y universitarios sobre lograr que las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que laboran como pasantes en las redacciones.