* Que legislen sobre el funcionamiento de organismos no gubernamentales, propuesta del dirigente del PRI, Jorge Arellano.
El Bitachi/Navojoa.- Las asociaciones civiles, fundaciones y organismos no gubernamentales que manejan recursos públicos provenientes de donaciones y aportaciones de la Federación, el Estado o el Municipio para fines no lucrativos, deben fiscalizarse.
Esto para constatar si son ejecutados con transparencia, porque se sospecha de que se desvian para apuntalar promociones de personas con fines electorales, dijo Jorge Luis Arellano Cruz, presidente del Comité Municipal del PRI.
El líder priísta reconoció que por reformas electorales y las deficiencias del marco normativo de la Ley de Acceso a la Información Pública, se crearon organizaciones apartidistas, pero muchas de ellas, por las relaciones que tienen con el gobierno estatal y federal, reciben, administran y ejercen recursos públicos para la promoción de precandidatos, lo que no debe ser.
El fin de estas asociaciones deben de ser meramente filantrópicas, cumpliendo con el postulado bíblico.
“Lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa tu mano derecha. Pero en Navojoa hacen todo lo contrario, hasta lo que no hacen con su mano izquierda lo sabe la mano derecha", indicó.
Ante eso, dijo que prepara un planteamiento para solicitar a los gobiernos federal y estatal, así como a diputados federales, locales y senadores, que legislen sobre el tema, que impulsen las reformas necesarias que diezmen la opacidad en el ejercicio de recursos públicos por parte de asociaciones civiles y fundaciones financiadas por los tres niveles de gobierno.
Ello contribuiría a que quienes realmente desean servir desde una organización no gubernamental, puedan hacerlo con normatividad en el área que más prefieran, o que más se acomode al espíritu filantrópico que pudiesen tener.
Además ello contribuiría a dar legalidad a los procesos electorales y al ciudadano se le garantizaría certidumbre de que en igualdad de condiciones los diferentes actores políticos podrían movilizarse.
Jorge Arellano, como abogado, dijo estar enterado que el Derecho al Acceso a la Información tiene su fundamento en el artículo VI Constitucional, del cual se derivan las leyes reglamentarias tales como: la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, creada en octubre del 2005, antes de las reformas que elevaron a rango constitucional tal garantía.
La mencionada Ley delimita obligaciones del Estado frente a los ciudadanos en lo referente al derecho de accesar a la información pública, crea un órgano garante del derecho al acceso de la información del ciudadano, que facilita las consultas entre las personas y el organismo público, y descentralizados y en general todas aquellas instituciones que reciban fondos del erario público, clasificándolos en sujetos obligados oficiales y no oficiales, entre otros acuerdos.
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